ANTE EL PROYECTO QUE EXISTE EN EL CONGRESO Y QUE LA PRESIDENTA KIRCHNER MOTORIZA, SERÍA DECISIVO NO LEGISLAR SOBRE LO INTRASCENDENTE O EN BASE A LAS FANTASÍAS DEL NACIONALISMO EXACERBADO SINO ENFOCAR LOS RUBROS QUE REALMENTE IMPORTAN.
Por Carlos Reboratti GEOGRAFO (UBA / CONICET)
En abril de este año el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso un Proyecto de Ley denominado "Protección al domino nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales", destinado a limitar la propiedad de la tierra por parte de los extranjeros . Más recientemente, la presidenta Cristina Kirchner reclamó por el pronto tratamiento de esta ley, por su importancia.
Y es sobre esa aparente importancia que vale la pena hacer algunas reflexiones . El proyecto contiene una larga lista de fundamentos, y una no tan larga lista de artículos. En los primeros, se expone la necesidad de legislar sobre la tierra, que, junto con el agua, son definidos como recursos "no renovables". En realidad ni el agua ni la tierra se pueden clasificar como tales:el agua es un recurso que se renueva permanente y la tierra (o el suelo, que viene a ser su denominación técnica) es básicamente renovable si se lo trata como tal y no se lo presiona por encima de los limites de esa característica.
En el caso de la minería la legislación argentina permite la explotación de los recursos naturales que son claramente no renovables, sin mayor preocupación por el origen de los capitales, que en realidad se promocionan .
En los mismos fundamentos de la ley se habla, sin dar cifras, de "grandes extensiones" de tierra que estarían en manos de capitales extranjeros. Seria importante que, para no legislar sobre lo intrascendente o en base a las fantasías del nacionalismo exacerbado , se pudiera determinar cuánta es la tierra que está en manos extranjeras, dónde está y para qué se usa.
Para despejar sospechas, en la región pampeana, donde se produce la mayor parte de la soja que tantos ingresos le genera al gobierno nacional, prácticamente no hay inversiones extranjeras en tierras. Sí las hay en el área de la producción de tecnología agropecuaria, que es a lo que, según el proyecto, debería dirigirse esa inversión.
Otro de los fundamentos indica que es necesario "limitar el proceso de concentración de grandes extensiones en manos de capitales financieros" para "afianzar un sociedad más equitativa". Ahora bien, ¿y qué pasa con los grandes propietarios nacionales , dueños de buena parte de las 140 millones de hectáreas que quedarían para nosotros? ¿La concentración de tierras en sus manos genera una sociedad más equitativa? El proyecto en sí, relativamente corto (tiene sólo 17 artículos), también tiene una serie de temas que merecerían una discusión seria y a fondo. Por ejemplo, indica que los extranjeros no pueden poseer más del 20 % de las tierras rurales del país, que según el Censo de 2002 (últimas cifras confiables que tenemos) serían unas 35 millones de hectáreas, y que individualmente no podrán poseer más de 1.000, aunque se presta a confusión el punto que indica que esa cantidad está sujeta a su localización, capacidad y calidad de la tierra.
¿A qué racionalidad responden esos porcentajes, o son simplemente "cifras alegres"? Un punto importante es que, obviamente, esta ley sólo se puede aplicar si conocemos a la perfección la situación catastraly de dominio de las tierras rurales del país.
Y para solucionar el tema dice que en 180 días se debe realizar este relevamiento. Ahora bien, el sistema catastral del país está en manos de las provincias, y en la mayor parte de ellas (hay excepciones) la información sobre la posesión de la tierra es antigua, incompleta y de dudosa exactitud, por lo que el plazo indicado es a todas luces ridículo , ya que habría que hablar de años (y mucha inversión) y no de días.
Si bien realizar ese relevamiento resultaría en general necesario, ¿vale la pena tanto esfuerzo sólo para perseguir a los extranjeros? ¿No deberíamos aprovechar la oportunidad para pensar en una verdadera ley de la tierra que contemple su distribución y su explotación sin distinguir si los propietarios son o no extranjeros ? En un país donde buena parte de su riqueza agropecuaria se basa en lo que en su momento hicieron los colonos extranjeros en provincias como Santa Fe, el Chaco o Misiones, este proyecto de ley parece una forma de apartar el foco de la discusión de lo importante y llevarlo a lo anecdótico e intrascendente.
fuente:
En el caso de la minería la legislación argentina permite la explotación de los recursos naturales que son claramente no renovables, sin mayor preocupación por el origen de los capitales, que en realidad se promocionan .
En los mismos fundamentos de la ley se habla, sin dar cifras, de "grandes extensiones" de tierra que estarían en manos de capitales extranjeros. Seria importante que, para no legislar sobre lo intrascendente o en base a las fantasías del nacionalismo exacerbado , se pudiera determinar cuánta es la tierra que está en manos extranjeras, dónde está y para qué se usa.
Para despejar sospechas, en la región pampeana, donde se produce la mayor parte de la soja que tantos ingresos le genera al gobierno nacional, prácticamente no hay inversiones extranjeras en tierras. Sí las hay en el área de la producción de tecnología agropecuaria, que es a lo que, según el proyecto, debería dirigirse esa inversión.
Otro de los fundamentos indica que es necesario "limitar el proceso de concentración de grandes extensiones en manos de capitales financieros" para "afianzar un sociedad más equitativa". Ahora bien, ¿y qué pasa con los grandes propietarios nacionales , dueños de buena parte de las 140 millones de hectáreas que quedarían para nosotros? ¿La concentración de tierras en sus manos genera una sociedad más equitativa? El proyecto en sí, relativamente corto (tiene sólo 17 artículos), también tiene una serie de temas que merecerían una discusión seria y a fondo. Por ejemplo, indica que los extranjeros no pueden poseer más del 20 % de las tierras rurales del país, que según el Censo de 2002 (últimas cifras confiables que tenemos) serían unas 35 millones de hectáreas, y que individualmente no podrán poseer más de 1.000, aunque se presta a confusión el punto que indica que esa cantidad está sujeta a su localización, capacidad y calidad de la tierra.
¿A qué racionalidad responden esos porcentajes, o son simplemente "cifras alegres"? Un punto importante es que, obviamente, esta ley sólo se puede aplicar si conocemos a la perfección la situación catastraly de dominio de las tierras rurales del país.
Y para solucionar el tema dice que en 180 días se debe realizar este relevamiento. Ahora bien, el sistema catastral del país está en manos de las provincias, y en la mayor parte de ellas (hay excepciones) la información sobre la posesión de la tierra es antigua, incompleta y de dudosa exactitud, por lo que el plazo indicado es a todas luces ridículo , ya que habría que hablar de años (y mucha inversión) y no de días.
Si bien realizar ese relevamiento resultaría en general necesario, ¿vale la pena tanto esfuerzo sólo para perseguir a los extranjeros? ¿No deberíamos aprovechar la oportunidad para pensar en una verdadera ley de la tierra que contemple su distribución y su explotación sin distinguir si los propietarios son o no extranjeros ? En un país donde buena parte de su riqueza agropecuaria se basa en lo que en su momento hicieron los colonos extranjeros en provincias como Santa Fe, el Chaco o Misiones, este proyecto de ley parece una forma de apartar el foco de la discusión de lo importante y llevarlo a lo anecdótico e intrascendente.
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